Aspectos legales de los Títulos Nobiliarios vacantes. Si desea realizar alguna pregunta hágala a través de nuestro email.


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I.- Que según el artículo 6.º párrafo primero del Real Decreto 222/1988 de 11 de marzo de 1988 sobre reglas para la concesión y rehabilitación de Títulos del Reino y Grandezas: «Ocurrida la vacante de una de estas mercedes, el que se considere como inmediato sucesor podrá solicitarla del Ministerio de Justicia en el término de un año; si nadie lo hiciese en tal concepto se concede otro plazo, también de un año, para que lo verifique el que le siga en orden de preferencia y, si tampoco en ese tiempo hubiere ninguna solicitud, se abrirá un nuevo término de tres años durante el cual puede reclamar cualquiera que se considere con derecho a la sucesión.», cuando transcurren cinco años desde que ocurre la vacante del Título del Reino, sin que nadie lo haya solicitado, entra automáticamente en situación administrativa de caducidad.


II.- Que el artículo 3.º del mismo Real Decreto dice textualmente: «Aquellas grandezas y títulos perpetuos que hubieran incurrido en caducidad y no hubieran permanecido en tal situación durante cuarenta o más años, podrán ser rehabilitados con sujeción a las formalidades y requisitos contenidos en los artículos siguientes y en las demás disposiciones de aplicación.», por lo que a la entrada en vigor del Real Decreto, todos los Títulos del Reino que habían permanecido en situación administrativa de caducidad por un tiempo superior a 40 años, continuaron en la misma situación administrativa de caducidad, pues no se determina expresamente ningún otro status para ellos, pero, sin posibilidad alguna de rehabilitación oficial.


III.- Que antes de la entrada en vigor del Real Decreto 222/1988, si se hubiera sido consciente de ello, se podían haber rehabilitado oficialmente estos Títulos del Reino.



IV.- Que es necesario precisar que no sería constitutivo de delito el uso en España de un Título del Reino no actualizado, conducta ésta que nunca estuvo contemplada como hecho delictivo, ya que la conducta que sancionaban los artículos 322 y 324 del Código Penal era el uso público de un nombre supuesto por parte de una persona o la atribución de títulos de nobleza que no le correspondieren, es decir el uso de un Título del Reino que estuviese legalmente en posesión de otra persona. La reforma del Código Penal en el año 1995 no menciona la tipificación penal que contemplaban dichos artículos, los cuales quedaron abolidos y sin efecto. No obstante, como señalan acertádamente varios juristas especialistas en derecho nobiliario: “...sí es posible incurrir en delito penal cuando se usurpa un título existente oficialmente en España, ya que se trata de impedir la violación del ius nomen”.


V.- Que como no es posible que exista Título del Reino actualmente en vigor con el mismo nombre que uno caducado, ya que el Real Decreto de 8 de julio de 1922, sobre Rehabilitación de Grandezas y Títulos del Reino menciona claramente que en lo sucesivo no podrá crearse Título del Reino alguno con denominación igual a la de otro suprimido, caducado o revertido a la Corona, por lo que teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, su uso no sería constitutivo de infracción penal alguna.


VI.- Que la posesión civilísima constituye la piedra angular del sistema nobiliario español, proclamado en la Ley XLV de Toro y en la Ley 1, título 24 del Libro XI de la Novísima Recopilación, transmite automáticamente "ipso iure" al prellamado el derecho de posesión "ius posessionis" de la dignidad nobiliaria. En general la doctrina jurisprudencial entiende que la posesión civilísima es aquella que se adquiere por ministerio de la ley, y que tiene lugar en el momento de la muerte del decuius, sin necesidad de la aprehensión material de la cosa con ánimo de tenerla para sí, como el Derecho romano exigía. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1963, es poseedor legal quien con arreglo a las reglas nobiliarias le corresponde suceder en la merced.


VII.- Que el Rey Don Alfonso X por su Ley 22, Tit. 21 y por la Ley 2, Tit. 27, p. 2, encargó a los reyes la obligación de premiar a los vasallos beneméritos, y conservar las mercedes que los antecesores les hicieron por sus servicios, por ser deuda de justicia distributiva. 

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Hidalguía
LA REVISTA DE GENEALOGÍA, NOBLEZA y ARMAS
ANO VI SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1958
Número extraordinario con motivo del I congreso de la asociación de Hidalgos
MADRID
Nº 30


EL DOGMA DE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO NOBILIARIO.

Por ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO.

A pesar de haber sido proclamado reiteradamente por la doctrina, la ley y la jurisprudencia que uno de los caracteres más destacados del título nobiliario es su imprescriptibilidad, los ataques contra él no cesan, sobre todo cuando hay que sostener una situación precaria de posesión de alguno contra las determinaciones del principio. Como la imprescriptibilidad es la base maestra del derecho nobiliario, de tal modo que sin ella el sistema quedaría arruinado en su esencia y negada la pureza de la estirpe, conviene que se proclame y defienda "oportuna e inoportunamente", para que sirva de defensa a sus protectores, de advertencia a sus detractores y de enseñanza a todos los que tengan que aventurarse por el campo incierto de este sector del derecho patrio, que no por ello deja de ser curioso, original e interesante.

La imprescriptibilidad del título significa que, una vez creado o nacido, ya no morirá, teóricamente, jamás, y que éste se transmite, idealmente por ministerio legal, a favor de quien posea el mejor derecho a llevarlo y ostentarlo de por vida, sin necesidad de aprehensión de su posesión, ya que es intangible. 

Es posible que alguien, no poseedor óptimo legal, lo use o disfrute; pero lo hace porque nadie con mejor derecho que el suyo se lo discutió. O sea, lo posee con la condición tácita de que lo usará hasta tanto que otro mejor-habiente que él se lo reclame. El título clama, donde quiera que esté, por su dueño, podríamos decir parafraseando este principio de derecho inmobiliario y dando a la palabra "dueño" el valor relativo que posee en los títulos, en donde no se conocen más que poseedores. El individuo sirve a la clase.

Tal dogma se funda, sociológicamente, en la razón de que lo que interesa es conservar las estirpes lo más puras posible, según el sistema, regular o irregular, de vinculación que se adopte. De otro modo la pureza de sangre quedaría afectada por transmisiones espúreas o de peor condición que la fundamental o más pura existente y la ley fundacional vulnerada. Por esto, cuando cualquier poseedor titulado alega en su favor que lleva diez, veinte, treinta o más años poseyéndole y con ello pretende ser su dueño indiscutible e invulnerable frente a todos, por virtud del transcurso del tiempo, incurre en notorio error de concepto que no puede prevalecer. Si así fuera, ¿qué pasaría con las estirpes preferentes, con las líneas de mayor pureza racial? Que quedarían postergadas a las inferiores y de peor rango o condición.

"El carácter de perpetuidad que por su naturaleza corresponde a estas mercedes excluye la idea de caducidad", dice certeramente Boulet.

No, ni el título muere, ni caduca, ni pierde su pureza vincular por mucho tiempo que transcurra sin poseerle. Lo contrario negaría la esencia de las líneas aristocráticas, de las dinastías nobiliarías. Las familias acabarían degenerando en una clase aburguesada y despreciable por su adulterada naturaleza tradicional. ¿Qué sería entonces de la clase noble?. De esto resulta, consecuentemente, el principio de la posesión civilísima, eje de toda su dinámica sucesoria. Significa que muerto el poseedor actual del título, éste pasa a poder de aquel que posea el mejor derecho nobiliario a llevarle. Naturalmente que este traspaso no se realiza físicamente, con una "bis atractiva" irresistible como si fuera con imán, sino que constituye una auténtica ficción legal. Es, pues, lógico que quien lo reclame para sí sin contienda lo obtenga por suponérsele el mejor poseedor, puesto que nadie se lo discute, o porque, si discutido, lo ha sido de mejor clase que el oponente. Mas, en todo caso, nunca será el dueño absoluto frente a todos, sino sólo el poseedor actual de mejor derecho frente a su contendiente. Por tanto, se halla sujeto a revisión en cuanto aparezca un tercero que estuvo, hasta ahora, oculto por razones que no son del caso: abandono, incapacidad económica, respetos familiares, etc., y lo reclame para sí por virtud de su mejor línea, mejor grado, mejor sexo o mejor edad. Así, se dice certeramente por la Jurisprudencia que las Cartas Reales sucesorias no tienen otro carácter que la de meras cédulas posesorias, disfrutándose el título o grandeza en precario y sólo a los efectos de su subsistencia, mientras no lo pretenda un tercero con mejor derecho.

El dogma de la imprescriptibilidad ha padecido una crisis ejemplar, hoy superada (el autor habla desde el año 1958, hoy día desde el año 1987 la prescripción de los 40 años se ha instaurado por sentencia del Tribunal Supremo). Partió de un Real Decreto de 28 de diciembre de 1846 (artículos 8.° y 9.°), ratificado por otro de 1899, en donde se reconocía la "facultad de renunciar las grandezas y títulos". La condición de mortales estaba, pues, declarada, ya que si no eran adquiridos por los herederos legítimos durante dos sucesiones directas tendría lugar la supresión de la grandeza o título. Sobre esta base prescriptible o caduciaria llega el Real Decreto de 1912, que pretendió recopilar la legislación vigente anterior a él, y sin escrúpulo alguno regula el lado positivo de la prescripción y admite su adquisición por usurpación al declarar que la posesión continuada e ininterrumpida durante quince años de cualquier distinción nobiliaria se consolida en los que la disfrutan... La prescripción positiva y negativa se reafirma en los Decretos posteriores, sujetando los títulos al régimen vulgar de las demás cosas muebles e inmuebles, con notorio error legal. Basta abrir los ojos y contemplar la naturaleza de las grandezas y títulos para comprenderlo.

La modificación no hizo fortuna, y fué la jurisprudencia del Tribunal Supremo la encargada de mostrar la inconsecuencia y poner las cosas en su justo lugar, restableciendo la doctrina tradicional de la imprescriptibilidad. En Sentencia de 20 de diciembre de 1922 se dice expresivamente que la prescriptibilidad es opuesta e incompatible con la naturaleza y fines de los títulos y mercedes nobiliarios equiparados a los mayorazgos... De este modo el Tribunal Supremo salvó de muerte segura a muchas de las dignidades y ha fortalecido y depurado las líneas y las estirpes nobiliarias. El Decreto de 4 de junio de 1948 deroga ya expresamente (2.a disposición transitoria) el Real Decreto de 1912, y la imprescriptibilidad queda consagrada indiscutiblemente.

A pesar de todo, los enemigos interesados en defender las posiciones jurídicas que les son favorables no se avienen a respetar el dogma de la imprescriptibilidad nobiliaria y se amparan en razones de la más varia índole para ello. Todavía osan alegar en su favor las viejas y extintas leyes de la caducidad del derecho al título, del siglo pasado, y defienden su vitalidad, "post mortem", con las más ingeniosas argumentaciones posibles para lograrlo. De otra parte se invoca, con manifiesta torcida interpretación, la Ley 41 de Toro, que se halla inserta entre los medios de prueba, y proponen que quien posee el título más de cien años o por tiempo inmemorial es el poseedor indiscutible y por tanto dueño y señor del mismo, llegando a fundar estirpe. Así transforman un mero problema de carga de la prueba, o sea de presunción legal "iuris tantum", en uno de presunción absoluta, o "iuris et de iure". Mas, en realidad, aquí no existe novedad jurídica, en cuanto todos los poseedores gozan de la presunción favorable de que poseen con justicia el título, y en este caso lo es la mera posesión indiscutida. Por tanto, quien ose negarla debe probar un mejor derecho nobiliario al mismo.

Finalmente se acude a las disposiciones forales, si conviene; para ver si a su amparo, ya que les favorecen, logran lo que no podrían por un camino recto. Así los títulos catalanes, sea cual fuere su fundación u origen, se amparan en el usache (usatge) 156, "Omnes causa<..", por el cual todas las causas o cosas prescriben en el Principado a los treinta años de posesión ininterrumpida. Mas tal interpretación es también sectaria. Su aplicación se refiere, dice Brocá, a toda prescripción ordinaria, o sea de todas aquellas cosas que en el derecho romano prescribían a los diez años entre presentes y veinte entre ausentes. Todos los comentaristas del derecho de Cataluña dan testimonio de esta inteligencia. Marquiles, cuyas palabras simplifica Mieres, dice que el usache "Omnes causae" debe ser interpretado a tenor del capítulo 44 del "Recognoverunt próceres". O sea que únicamente sustituyó a la prescripción romana de diez y veinte años, afirmación que reproduce Oliba ("Instituciones de Derecho Civil de Cataluña", G. M.a Brocá, pág. 634). Naturalmente, ninguna de las cosas a que el derecho romano se refiere pudieron ser los títulos nobiliarios nacidos en época muy posterior. De otra parte, el derecho de la nobleza es un derecho puramente palatino-no regional-, como emanado de la Corona para su brillo y esplendor teóricamente, pero prácticamente como sistema jurídico-económico para el mantenimiento del régimen. Está por tanto sustraído a las normas generales o propias de todo otro derecho. El derecho civil de las cosas comunes de Cataluña no le afecta ni puede afectar por principio esencial del sistema. Por tanto, la imprescriptibilidad es una condición suya inatacable, y menos con argumentos de otro sector jurídico, dentro de todo el reino.

En conclusión, el título nobiliario posee su estatuto legal propio y singular, que le sigue como la sombra al cuerpo allí donde quiera que fuere o estuviere y por ello nunca muere. Esta regla es para todas las personas y para todos los lugares, sin excepción posible. Es la opinión ortodoxa en materia nobiliaria, que jamás debe ser olvidada, ni negada, ni desconocida, si no se quiere que la clase se degrade y muera.

Mas ... ¿ en qué situación queda, cuáles son las prerrogativas que posee la persona que ha venido disfrutando un título legítimamente durante largos años, que luego es vencida en juicio por otro de mejor derecho? Raventós, que ha tratado la cuestión recientemente en esta misma revista, declara: "El titulado vencido no se halla privado de sus prerrogativas personales; la investidura de la Dignidad nobiliaria imprime carácter., que se conserva de por vida, del mismo modo que el Rey destronado no deja de ser Rey aunque sea destronado" ... Esta opinión la refuerza con la de Alonso Carrillo (1794), que dice que "con el estilo y uso común de Castilla) que conserva los Títulos y honores a los que una vez llegaron a tenerlos) aunque cese la causa por los que los alcanzaron o con que los adquirieron"... Por ello es del parecer que se debe reconocer al vencido el derecho a intitularse vitaliciamente con la dignidad, anteponiendo el número ordinal que en la cronología del título le corresponda: Duque o Marqués V o VI tal... Este respeto no puede constituir un obstáculo para que la persona cuyo mejor derecho haya sido declarado por los Tribunales de Justicia obtenga su plena e inmediata efectividad, ya que de lo contrario sería quebrantar en sus cimientos la institución nobiliaria ...




Interesante artículo sobre la prescripción de los títulos nobiliarios



Legislación nobiliaria








Ley de 5 de diciembre de 1899, disponiendo que, a partir de la promulgación de la misma, comiencen a regir nuevas tarifas para la exacción del impuesto especial sobre grandezas, títulos, honores y condecoraciones.



















































Convenio número 17 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC)








Constitución española de 27 de diciembre de 1978.



Real Decreto 602/1980, de 21 de Marzo, por el que se modifican diversos artículos del Real decreto de 8 de Julio de 1922

























Referencias:
http://titulosnobleza.blogspot.com.es/p/legislacion.html


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